Cd. de México.- Julia Elena Abdalá Lemus, pareja del ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, y figura clave del Gobierno de la 4T, recibió en sus cuentas bancarias depósitos por 4.5 millones de dólares, equivalentes a 120 millones de pesos actuales, de miembros de la familia Weinberg, considerados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dos millones 642 mil dólares fueron transferidos a las cuentas personales de Abdalá, mientras que un millón 890 mil dólares fueron depositados en las cuentas de Roybell International Inc, una offshore panameña controlada por ella, según documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las transferencias tuvieron lugar entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo en el que Bartlett ocupaba una curul como senador plurinominal del Partido del Trabajo y ya formaba parte del movimiento político del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Gobierno mexicano investiga las transferencias realizadas a Julia Abdalá como parte de la demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida, cuyo objetivo es recuperar los fondos del erario que el ex Secretario de Seguridad Pública desvió a través del entramado empresarial de los Weinberg.
Las autoridades acusan a García Luna de estar detrás de una red de corrupción que permitió que las empresas Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd se beneficiaran ilegalmente con más de 630 millones de dólares provenientes de 30 contratos otorgados por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) entre 2009 y 2018, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Dichas compañías formaban parte de un conglomerado familiar representado y administrado por Mauricio Samuel Weinberg López y su hijo, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, quienes enviaron los fondos a paraísos fiscales y, posteriormente, a empresas fachada en Florida que eran manejadas por García Luna y su esposa. Ya con los fondos en las cuentas de sus sociedades, García Luna y sus allegados se hicieron de múltiples propiedades y bienes de lujo en Miami.
Expedientes de la demanda civil consultados por MCCI indican que los requerimientos sobre la información bancaria de Julia Abdalá comenzaron el 12 de junio de 2024, diez días después de las elecciones que dieron el triunfo a la Presidenta Claudia Sheinbaum.
En esa fecha, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitara a varios bancos mexicanos información sobre los movimientos de decenas de personas físicas y morales. Entre ellas, la pareja de Bartlett.
La respuesta de la CNBV es confidencial.
El 9 de agosto de 2024, ya durante la transición presidencial, la UIF presentó una moción para obligar a los Weinberg a entregar documentos que identificaran el propósito de las transferencias a Abdalá.
Durante un interrogatorio realizado el 12 de junio de 2024 por Carlos Acevedo, abogado del bufete que representa a la UIF en la corte de Florida, Samuel Weinberg López reconoció tener una relación de amistad desde hace más de 20 años con Bartlett y su pareja Julia Abdalá.
El 20 de agosto de 2024, los Weinberg dijeron haber entregado a la UIF documentos que identifican el propósito de las transferencias a Abdalá y su empresa, Roybell International Inc.
Agencia Reforma
