Persiste impunidad en crimen de Miroslava
A ocho años del crimen de la periodista chihuahuense
La injerencia de Propuesta Cívica busca evitar la libertad de Hugo Amed Schultz, condenado injustamente por el asesinato de la periodista Miroslava Breach.
El 23 de enero de 2025, Manuel Norberto Cortez Vázquez, abogado defensor de Hugo Amed Schultz Alcaraz, recibió una comunicación de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo era dar seguimiento a las denuncias presentadas por su representado, quien fue acusado falsamente de colaborar en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, perpetrado el 23 de marzo de 2017 en la ciudad de Chihuahua. Al mismo tiempo, la fiscalía también recibía un escrito de la asociación civil Propuesta Cívica, supuestos testimonios relacionados con Édgar Salazar Gaxiola, un testigo protegido fabricado por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en 2019.
Hugo Amed Schultz, víctima de tortura psicológica por parte del entonces gobernador Javier Corral Jurado el 27 de mayo de 2017, fue sentenciado a ocho años de prisión en 2021 tras ser obligado a aceptar un juicio abreviado bajo amenazas contra su familia. Después de más de cuatro años de encarcelamiento en el penal de Aquiles Serdán, Chihuahua, y habiendo demostrado buena conducta, Schultz podría obtener la libertad condicionada, conforme a derecho, según declaró su abogado, Cortez Vázquez, en una entrevista exclusiva para Los Ángeles Press.
No obstante, la asociación civil Propuesta Cívica, dirigida por Sergio Aguayo Quezada —representante de las víctimas indirectas del caso Miroslava— y con una estrecha relación con Javier Corral, ha intervenido de manera reiterada y dolosa. Su asociación ha alterado información relacionada con el homicidio de Miroslava Breach, ha promovido testimonios fabricados y ha intentado desacreditar las investigaciones de la periodista que esto escribe, particularmente las contenidas en el libro Reporte Miroslava.
La injerencia de Propuesta Cívica va más allá de la representación de las víctimas. La asociación civil, aprovechando la influencia mediática de Sergio Aguayo en la Ciudad de México y en la Comisión de Justicia del Senado —de la cual Javier Corral es titular—, ha difundido falsedades testimoniales y ha promovido la tolerancia a la tortura, respaldando la impunidad de los verdaderos responsables del asesinato de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo de 2017 que aún se encuentran en libertad.
El testimonio fabricado de Édgar Salazar Gaxiola
En un documento presentado por Propuesta Cívica ante la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR, se afirma que Édgar Salazar Gaxiola —entrevistado por Los Ángeles Press en 2021— miente sobre su denuncia de torturas infligidas bajo las órdenes de la agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo. Según el escrito, Salazar habría declarado ante la FGR en 2023 que fue obligado bajo coacción y amenazas a dar una entrevista a la periodista Guadalupe Lizárraga, de Los Ángeles Press, en 2021, en la que acusó a los agentes de la FEADLE de torturarlo para que incriminara a su padre, Crispín Salazar Zamorano, como autor del homicidio de Miroslava Breach.
Sin embargo, la madre de Édgar Salazar desmintió estas afirmaciones en una entrevista con Los Ángeles Press y ante la defensa de Schultz. Confirmó que su hijo fue torturado por agentes federales para que señalara a su padre y a su primo, Jesús Alfredo Salazar Ramírez, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Dijo que ella misma lo vio golpeado después de 15 días que le permitieron la entrada al penal. Además, corroboró el distanciamiento entre Édgar y su padre desde la adolescencia, debido a que el joven no quiso continuar con sus estudios.
En un testimonio fabricado, presentado por Propuesta Cívica a principios de febrero de 2025, la FEADLE reconoció —tal como lo reveló Los Ángeles Press— que pagaba a Édgar Salazar Gaxiola como testigo protegido con la clave “Apolo”, entre 20 y 23 mil pesos mensuales durante más de un año, entre 2019 y 2020. Este pago, según el documento, se justificaba en la supuesta voz de Édgar: “para que yo solventara mi seguridad por los problemas que tenía con mi familia”.
Continúa: “Ya que de hecho me han amenazado de muerte y ella (la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo) dijo que sí, que me esperara a que me realizaran el depósito mensual y fue allí cuando me agarraron (su familia) para llevarme a Baja California, y fue cuando me les volví a escapar […] Después de escaparme me fui a la casa de Chihuahua donde vive mi madre y mis hermanos, de allí me volvieron a agarrar después de tres días donde me trajeron a la Ciudad de México en avión en compañía de tres personas, uno de ellos era un licenciado de apellido Cortez…”.
La narrativa presentada por Propuesta Cívica ante la fiscalía resulta inverosímil y llena de contradicciones. Por un lado, revela la negligencia del Ministerio Público de la Federación, ya que, siendo un testigo protegido de un caso de especial interés por la fiscalía de Chihuahua y la misma fiscalía federal, no se ajusta a la lógica de los protocolos de seguridad y protección establecidos para estos casos, que incluyen medidas estrictas para garantizar la confidencialidad y el bienestar del testigo. Y por otro lado, se afirma que Salazar temía a su propia familia, y al mismo tiempo, confiaba en la protección de la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo y su asistente Jean Paul Rodríguez, a quienes había acusado de tortura dos años antes. Además, el testimonio contiene imprecisiones básicas, como referirse a sus hermanas como varones.
La supuesta declaración de Édgar Salazar Gaxiola se adentra en un terreno que supera los límites de la ficción, con relatos de persecuciones y escapatorias propias de una película de suspenso. Presentado como el testigo protegido “más valioso” de la FEADLE, Édgar Salazar Gaxiola ha sido utilizado como pieza clave en el intento de resolver el homicidio de Miroslava Breach, un caso que, tras ocho años, sigue envuelto en fabricaciones, torturas y una evidente manipulación de la justicia, de la que ahora no tiene reparo Propuesta Cívica en participar. Lo que revela la desesperación de la FEADLE por cerrar un caso que ha estado marcado por la impunidad y la ineficiencia desde que estuvo en las manos de Javier Corral y César Augusto Peniche.
Los alegatos sobre el protocolo de Estambul
Uno de los alegatos de la supuesta declaración de Édgar Salazar Gaxiola hace referencia al protocolo de Estambul aplicado en junio de 2023. Este hecho revela un giro aún más oscuro por parte de Propuesta Cívica y de la misma FEMDH, quienes, como expertos en derechos humanos, deberían saber que no es posible obligar a una persona a someterse a este protocolo. El proceso requiere de evaluaciones médicas y psicológicas para determinar si una persona ha sido víctima de tortura, y debe llevarse a cabo en un contexto de voluntariedad y respeto a los derechos humanos.
En la narrativa fabricada, Édgar Salazar declara que fue obligado a presentarse ante un psicólogo en la Ciudad de México, supuestamente “para que no valieran sus declaraciones” y se le aplicara el protocolo de Estambul. Según el escrito de la fiscalía, Salazar relató: “El vato me checó todo el cuerpo y después me hicieron firmar en donde estaba dando mi consentimiento, pero allí, sí me obligaron, ya que me amenazaban que, en caso de no firmar, le iban a hacer daño a mi mamá y a mis hermanos”, dice el escrito de la fiscalía, cayendo en la contradicción de estar preocupado por su familia que antes supuestamente lo había amenazado.
El psicólogo en cuestión es el médico cirujano Emmanuel Santos Narváez, especialista en Psiquiatría, con cédula profesional número 7250239 y perito certificado en tortura, quien cuenta con experiencia en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En una entrevista con Los Ángeles Press, el doctor Santos Narváez mostró a esta periodista evidencia videográfica y auditiva de la aplicación del protocolo de Estambul a Salazar en su consultorio. En las imágenes, Salazar Gaxiola aparece cooperativo y sin signos de tensión, acompañado por el abogado, Manuel Cortez. El perito estuvo respaldado por Mariana Castilla Calderas, licenciada en Psicología Social (cédula 5092320) y con una maestría en Derechos Humanos y Democracia. Ambos concluyeron que los resultados del examen eran positivos en cuanto a tortura, firmando el informe el 20 de junio de 2023.
Sin embargo, la versión de la FEADLE, presentada por Propuesta Cívica, sostiene de manera dolosa que Salazar Gaxiola fue llevado a la Ciudad de México contra su voluntad por el abogado Manuel Norberto Cortez. Según esta narrativa, Cortez habría sido el mismo defensor de Hugo Amed Schultz el 5 de abril de 2021, fecha en la que Édgar Salazar fue entrevistado por Los Ángeles Press y relató las torturas sufridas a manos de la FEADLE para incriminar a sus familiares. No obstante, en esa fecha, el abogado de Schultz era Julio Iván Ramírez Muñoz, quien, lejos de defenderlo, fue parte activa de la coacción para que Schultz aceptara un juicio abreviado, a pesar de no haber cometido el delito por el que se le acusó.
El juicio abreviado de Hugo Amed Schultz
Julio Iván Ramírez Muñoz, el abogado que apoyó al Ministerio Público en contra de su defendido, fue reemplazado por los abogados penalistas Manuel Norberto Cortez y Víctor David López Morón, en septiembre de 2022, para asumir la defensa de Hugo Amed Schultz Alcaraz, cuando ya había sido sentenciado a ocho años de prisión mediante el juicio abreviado.
El 26 de febrero de 2021, la agente del Ministerio Público Iris Gabriela Santoyo Cuervo incluyó en la declaración fabricada de Édgar Salazar que el hijo mayor de Schultz lo había secuestrado para obligarlo a declarar ante notario en favor de su padre, el exalcalde de Chínipas.
El abogado Julio Iván Ramírez Muñoz, entrevistado para Los Ángeles Press, hace un año, en 2023, confirmó que había estado en una negociación en la Ciudad de México con la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, buscando una opción para su cliente.
“… nos sentamos Santoyo y nosotros (incluyendo a Javier Fernando Venzor Morales, su socio) y platicamos. Entre nosotros no se oculta nada. Las dos partes a favor y en contra. Vimos que todo el juicio se basaba en si entregó los audios. Había testigos de las dos partes”. Y continua: “… la FGR pedía de 30 a 60 años de cárcel, porque la verdad legal o jurídica, independientemente de lo que sucedió, es que sí entregó los audios”.
El recurso utilizado para presionar a Hugo Amed Schultz a aceptar el juicio abreviado fue una supuesta carpeta de investigación contra su hijo por el delito de secuestro, basada en una declaración de Édgar Salazar, fabricada por la misma fiscalía, y a quien presentaba como la víctima.
En su despacho en Chihuahua, Julio Iván Ramírez Muñoz habló durante hora y media con Hugo Schultz Martínez, el hijo de Schultz, amedrentándolo con una copia de la supuesta carpeta de investigación en su contra, que la agente del Ministerio Público de la Federación, Iris Gabriela Santoyo Cuervo, planeaba usar si Hugo Amed no aceptaba declararse culpable en el juicio abreviado. Según Ramírez Muñoz, la agente le aseguró que, si no aceptaba, se encargaría de que padre e hijo compartieran prisión.
A pesar de que Schultz Martínez presentó una constancia de asistencia laboral del 26 de febrero de 2021, emitida por su empleador, La Mina Palmarejo, la cual se encontraba en el expediente judicial e incluía testigos y registros del reloj checador con las horas de entrada y salida, la FEADLE ignoró esta evidencia y continuó presionando a la familia.
Esa misma noche, después de la conversación con el hijo de Schultz y su esposa, ya aterrados por la amenaza del abogado, Ramírez se presentó en Aquiles Serdán para presionar también al padre. “Mire profe, esta gente es muy poderosa, si no acepta el juicio abreviado, van a perjudicar a su hijo”, lo amenazó.
Hugo Amed Schultz se resistía:
─ ¿Cómo es posible que, si no hay ninguna prueba, no hay nada que me señale, ni conocía a la señora, van a perjudicarme de esa manera?”
─ Pues mire profe, le está dando muchas vueltas al asunto, pero tiene que tomar una decisión rápida, porque la persona (Iris Gabriela Santoyo) está aquí en Chihuahua y se tiene que regresar con la palabra de usted, si acepta o no acepta, porque si no acepta ya le dije lo que va a pasar en estos días”, respondió el abogado.
─ Pues, está bueno, pero y qué es el abreviado, pues explícame─ preguntó resignado Hugo Amed Schultz.
─ Es un procedimiento donde usted agarra la responsabilidad…
─Pero ¡pues ésa es la bronca! ¿Cómo voy a agarrar la responsabilidad si no soy culpable? ─acotó Schultz sin dejarlo terminar la frase.
─ Pues tiene que reconocer la bronca, porque le quieren dar 50 años de sentencia, pero nosotros les estamos salvando la vida. Le van a dar 12 años, profe, pero de los 12 años, negociamos con ellos y le vamos a quitar 4 años para que le queden 8, siempre y cuando pague los 900 mil pesos que están pidiendo los ministerios públicos para ellos, para la jueza y para sus jefes.
En respuesta a una pregunta de Los Ángeles Press a Hugo Amed Schultz si alguna vez los ministerios públicos de la FEADLE se habían acercado a él o a su familia para entrevistarlos o solicitar su declaración, el sentenciado afirmó que nunca lo hicieron. La única declaración tomada fue bajo tortura, en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, donde Javier Corral obtuvo su testimonio, alterado por el agente del Ministerio Público local, José Roberto Frías Aguayo, el 27 de mayo de 2017.
El juicio abreviado se llevó a cabo tan solo 15 días después de que Hugo Amed Schultz aceptara en prisión una responsabilidad que no comprendía. La familia Schultz entregó ─vía el abogado Julio Iván Ramírez─ una suma total de 900 mil pesos a los agentes de la FEADLE, distribuida en tres pagos: 200 mil pesos al día siguiente de la negociación, 400 mil antes del juicio, dentro de la institución bancaria de donde la familia había obtenido un préstamo, y el saldo restante el día del juicio, cuando finalmente Schultz fue sentenciado a ocho años de prisión.
Propuesta Cívica, además, fue la encargada de redactar la disculpa pública que Hugo Amed Schultz leyó ante los medios, cerrando así un nuevo capítulo de impunidad para los verdaderos responsables del homicidio de Miroslava Breach Velducea.
Cronología desde la detención de Édgar Salazar
Otras imprecisiones de Propuesta Cívica
Lo que dice: “… el grupo de Los Salazar sigue activo en la zona norte del país, que es donde habita la mayor parte de la familia de Miroslava…”.
Hecho: Los familiares de Miroslava Breach señalados como víctimas indirectas del homicidio viven en Chihuahua capital y Navojoa, hermanas e hijos. Hacen vida pública, tienen trabajos relacionados con el ámbito académico y en el Poder Judicial.
Lo que dice: “…derivados de la entrevista del testigo “APOLO” hay indicios para creer que el sentenciado continúa teniendo nexos con el grupo delictivo en cuestión…”
Hecho: No existe el testigo “APOLO”. Se ha demostrado en investigaciones periodísticas y con protocolo de Estambul que fue fabricado tras la tortura del 21 de enero de 2019, en su detención arbiraria, y que durante su encarcelamiento de dos años por delitos de extorsión fue amenazado por los agentes de la FGR de volver a ser torturado. A cambio de aceptar la fabricación recibía 25 mil pesos mensuales por más de un año.
Lo que dice: “… testigo ASIA… estas grabaciones fueron otorgadas a la gente de Los Salazar”.
Hecho: Patricia Mayorga es la testigo con identidad reservada bajo clave de Asia. Hizo su declaración el 4 de abril de 2017 al MP José Roberto Frías Aguayo, el mismo que alteró la declaración de Hugo Schultz en Palacio de Gobierno el 27 de mayo de 2017. La periodista refirió que el primo de Miroslava (Gabriel Velducea) “le dijo que dejaran de escribir de Chínipas y que le dijera a su amiga, o sea que me dijera a mí, y de ahí decidimos calmarnos un rato en las publicaciones…” Menciona a los “narcopolíticos”, que ambas estaban reporteando, y otros temas de la Sierra, pero no incrimina a Schultz. Lo menciona en referencia a Piñeira y la grabación de éste. No hay nada que le conste a ella o a Propuesta Cívica sobre la existencia de la grabación aludida.
Lo que dice: El testigo con identidad reservada como “Kevin” y que aluden a que es periodista y “…testigo en la investigación del homicidio…”
Hecho: El periodista con esta identidad reservada hizo su declaración el 26 de marzo de 2017, a las 11: 15 horas. Menciona a Javier Corral en su declaración como “sé que era amiga del gobernador Javier Corral”, y menciona a El 80, como líder de la plaza de Namiquipa, y al exgobernador César Duarte, en alusión a que Miroslava era muy crítica con él. No existe ninguna alusión a Hugo Schultz.
Lo que dice: El testigo Gugo…
Hecho: No existe testigo con identidad reservada bajo esta clave.
Fuente : Guadalupe Lizárraga /Los Ángeles Press
