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Granjas porcícolas, las más incumplidas con el medio ambiente

GUADALAJARA, Jalisco. En lo que va de este 2021, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) ha clausurado 23 establecimientos por irregularidades de tipo ambiental o mal manejo de residuos y servicios de remediación.

Nueve de las clausuras corresponden a espacios dedicados a la cría y explotación de animales; seis al manejo de residuos y servicios de remediación, cinco a minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas; dos corresponden a la industria de las bebidas y del tabaco; y uno es de servicios relacionados con la minería.

Las clausuras se realizaron después de actos de inspección y vigilancia por parte de la dependencia estatal y cumpliendo con Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y es el municipio de Acatic, donde han encontrado la mayoría de incumplimientos, con tres; seguido de Jalostotitlán y Tonalá, donde clausuraron dos espacios, respectivamente; en tanto que las 16 clausuras restantes fueron en Amatitán, Arandas, Autlán de Navarro, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jocotepec, Juanacatlán, San Juan de los Lagos, Tlaquepaque, Tapalpa, Teuchitlán, Tlajomulco, Tomatlán, Zapopan y Zapotlanejo.

De acuerdo con la Proepa, en los establecimientos no se acreditó un manejo integral de los residuos generados por su actividad, conforme a las disposiciones aplicables en la normatividad vigente y “en el caso de las unidades económicas dedicadas a la actividad de cría y explotación de animales, esto se observa principalmente en el inadecuado manejo y disposición final de los cadáveres y excretas generadas, muchas veces dispuestas sobre suelo natural generando un riesgo de contaminación ambiental por infiltración o escurrimientos hacia cuerpos de agua”.

En las unidades económicas cuya actividad se relaciona con el manejo de residuos y servicios de remediación, se han observado deficiencias en la operación durante las distintas etapas de manejo de residuos, generalmente relacionado con la falta de autorizaciones para el desarrollo de sus actividades, así como la falta de control y registro de los volúmenes, tipo de residuos y su disposición final; falta de autorización de impacto ambiental para la realización de obras o la explotación de material geológico o carentes condicionantes de su autorización en materia ambiental.

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